San Vicente | El municipio de San Vicente cerró dos importantes convenios con el Estado provincial y el sector privado de desarrollo inmobiliario, en el marco de la Ley de Hábitat, que favorecen en todo al municipio y también a cuatro barrios cerrados del distrito. Mantegazza firmó los convenios con la Ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, y con los representantes de la empresa Caputto Hermanos, comercializadora de los cuatro countries.
El maro regulatorio de la Ley de Hábitat indica que, ante la normalización de estos barrios cerrados con los Estados municipales, estos podrán recibir, en contrapartida, la cesión de tierras que la ley indica, las que serán utilizadas para la construcción de viviendas en el distrito, a través de programas provinciales y nacionales, y espacios verdes, entre las principales utilidades.
En cuanto a la cesión de los terrenos que la empresa Caputto Hermanos le hará a la municipalidad e San Vicente, se encuentran 38,5 hectáreas ubicadas en cercanías de la Ruta 6 y la Ruta 210, linderos al barrio La Pradera II, que servirán para la construcción de viviendas.
Con este importarte instrumento los desarrolladores podrán finalizar el trámite de ordenación de los barrios cerrados: Santa Clara, Santa Rita, Cruz del Sur y Santa Clara, ubicados en la ciudad de San Vicente, dando seguridad jurídica a los propietarios de las parcelas y, por otra parte, beneficiando el Estado Municipal con la compensación en tierras, con un aporte de 25 millones de pesos, que la normativa exige, por la regularización impositiva de estos emprendimientos urbanos privados.
“Queremos agradecer a la Ministra y a todo su equipo de trabajo por ponerse a disposición de nuestro Municipio, permitiendo regularizar la situación de los distintos emprendimientos urbanísticos, reparando una deuda histórica con ese sector pujante del distrito” destacó el Intendente Mantegazza tras el encuentro que se llevó a cabo en el salón Dr. Gaetani, del Palacio Municipal.
No es de extrañar que, luego de este destacado convenio marco, gracias a la Ley de Hábitat, las gestiones y las acciones continúen con otros barrios privados para alcanzar similares acuerdos de regularización, cuyo pago compensatorio, es la cesión de tierras hacia la comuna que indica la Ley de Hábitat, que luego puedan servir para hacer crecer al distrito y bajando la demanda habitacional lo que evitaría la toma de tierras en forma ilegal.
La falta de cumplimiento sobre la normativa de la Ley de Hábitat, ha provocado un enorme agujero que tenía dos grandes perjudicados: el Estado por un lado, y los propietarios por el otro. Con estas acciones, hora comienza a cerrarse ese agujero a favor de los municipios y de los mismos propietarios que van a regularizar sus bienes, a partir de la regularización dominial.
La ley 14.449 fue sancionada por la legislatura bonaerense en el año 2012 y reglamentada en el año 2013. La norma, actualmente vigente, tiene como objetivo la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable. Para ello, la ley establece herramientas y mecanismos que permiten fortalecer la capacidad del estado provincial, de los estados municipales y de las organizaciones sociales, para intervenir activamente en la promoción de políticas de hábitat y en la remoción de los factores que históricamente han generado exclusión social y deterioro ambiental.
La ley promueve la creación de suelo urbanizado, la intervención en los procesos de integración socio urbana, el fomento de operatorias de microcrédito para el mejoramiento de viviendas y la dotación de infraestructuras y equipamientos. También propone mecanismos de financiamiento del hábitat captando parte de las rentas urbanas que se generan en los procesos de urbanización, para destinarlas a resolver los problemas que sufren las poblaciones más vulneradas.
El “Observatorio de la ley de Acceso Justo al Hábitat” es una plataforma de información permanente que se propone favorecer la divulgación y monitoreo de su implementación, analizando los impactos que la ley produce en las políticas territoriales, en la capacidad de gestión de los gobiernos provinciales, municipales y en las organizaciones sociales. Si bien contiene información extraída de fuentes oficiales, este, no es un sitio oficial.