En medio del debate por el veto presidencial al financiamiento universitario, el Gobierno nacional eliminó el Fondo Fiduciario Progresar que tenía el objetivo de “financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar” las becas de ese programa
El gobierno de Javier Milei le asestó otro durísimo golpe al movimiento estudiantil. Como si fuera una represalia por las masivas movilizaciones en defensa de la educación pública y de las universidades, eliminó el fondo fiduciario creado para sostener el Plan Progresar, el sistema de becas que permitía que miles de estudiantes pudieran mantener sus cursadas en distintos niveles.
La supresión del fondo fiduciario es una medida que no solo afecta a miles de estudiantes que dependen de estas becas para continuar sus estudios, sino que también subraya la postura del gobierno respecto a la educación como un bien público.
Desde su implementación, las becas Progresar han permitido que jóvenes de sectores vulnerables accedan a la educación superior, promoviendo la inclusión y el desarrollo social. Por supuesto con limitaciones, porque son insuficientes y responden más bien a la imposibilidad de trabajo, pero estas becas son paliativos ahora mucho más necesarios.
Sin embargo, la decisión de este gobierno se enmarca en un contexto de desfinanciación sistemática y ajuste, cuyo objetivo parece ser la destrucción de los pilares de la educación pública en Argentina.
Los ejemplos son evidentes: la falta de inversión en infraestructura educativa, la disminución de programas de apoyo y la creciente precarización laboral de los docentes, la eliminación del FONID, la paralización de obras en escuelas (en San Vicente hay varios casos) y el desfinanciamiento educativo sistemático son solo algunas de las consecuencias que esta política está generando.
La eliminación de Progresar es una arista más de un ataque planificado que busca debilitar el acceso a la educación, dejando a los jóvenes a merced de un sistema que prioriza el lucro sobre el bienestar social.
REACCIÓN EN CADENA
La reacción popular a esta decisión del gobierno ha sido contundente. Durante las 24 horas posteriores al anuncio, “Progresar” se convirtió en tendencia en X, una muestra palpable del descontento social. La indignación en redes no solo refleja la oposición a la medida, sino que también evidencia un clamor por la defensa de la educación pública frente a un gobierno que, lejos de promoverla, la desmantela.
En un intento por justificar la eliminación del fondo, las declaraciones hechas desde el Ministerio de Capital Humano han resultado engañosas y desconectadas de la realidad. A pesar de los discursos sobre la optimización de recursos y la eficiencia fiscal, la verdad es que esta eliminación responde a un enfoque ideológico que desprioriza el acceso a la educación, mintiendo e ignorando las consecuencias devastadoras que su política tendrá sobre miles de estudiantes y sobre las instituciones educativas en su conjunto.
