En el marco del “Ni Una Menos”, equipos técnicos municipales y judiciales del distrito y la región se reunieron en Alejandro Korn para unificar criterios de intervención. El foco estuvo puesto en la vulnerabilidad social y el acceso real a la justicia.
Alejandro Korn | La lucha contra la violencia de género y doméstica suele medirse en los grandes titulares a través de estadísticas o hechos consumados, pero el verdadero trabajo de contención se dirime en el barro del día a día institucional. En un contexto donde la demanda de respuestas eficaces por parte del Estado es constante, la articulación entre los diferentes poderes y las herramientas técnicas de quienes reciben las denuncias se vuelven un eslabón crítico. Bajo esa premisa, el Centro Comunal de Alejandro Korn se transformó en el escenario de una intensa jornada de debate, formación y diagnóstico sobre la incidencia de los factores de vulnerabilidad en las situaciones de violencia intrafamiliar.
El encuentro, que reunió a profesionales de diversas disciplinas, no se limitó a la formalidad protocolar, sino que apuntó a revisar las prácticas cotidianas de intervención en San Vicente y distritos vecinos. La iniciativa fue el resultado de un trabajo conjunto entre las áreas locales de Desarrollo Social y de Género y Diversidad, en sintonía con el Juzgado de Paz de San Vicente. La convocatoria no fue casual: se insertó estratégicamente dentro del Acuerdo 4093 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, una normativa provincial que impulsa la capacitación judicial permanente como un eje central para intentar acortar la brecha entre las leyes escritas y el servicio de justicia real que reciben los ciudadanos.
La vulnerabilidad como eje de la urgencia
El plato fuerte de la jornada estuvo en el abordaje técnico, que contó con la disertación del Dr. Federico Notrica, un especialista reconocido en el ámbito del derecho de familia y las violencias de género. Lejos de ofrecer una mirada netamente teórica, la exposición de Notrica desmenuzó cómo las variables socioeconómicas, la falta de redes de contención, la precarización habitacional y las barreras culturales condicionan a las víctimas al momento de denunciar o de sostener un proceso judicial.
“La complejidad de las violencias requiere construir respuestas institucionales que no sean automáticas, sino eficaces, empáticas y, fundamentalmente, adaptadas a las realidades territoriales”, se debatió durante el encuentro, marcando una fuerte autocrítica y un horizonte para los equipos locales.
El concepto de “interseccionalidad” —es decir, cómo se cruzan la violencia de género con la pobreza o la falta de instrucción— atravesó toda la capacitación. Para los profesionales que operan en los barrios de San Vicente, este tipo de herramientas conceptuales resultan indispensables: una medida de restricción perimetral, por ejemplo, puede volverse impracticable o inútil si no se evalúan previamente las condiciones habitacionales y de subsistencia económica de la mujer afectada y sus hijos.
Una articulación regional y necesaria
Uno de los puntos más destacados de la jornada fue su carácter interinstitucional y regional. Las mesas de trabajo contaron con la participación activa de integrantes de los Juzgados de Paz de San Vicente y Presidente Perón, sumado a los equipos técnicos y profesionales de distintas entidades intermedias del territorio.
Este cruce de experiencias permitió poner sobre la mesa las dificultades comunes que atraviesa la región sur del conurbano bonaerense en materia de articulación. Los asistentes coincidieron en que el principal desafío ya no es la falta de marcos legales —Argentina cuenta con una legislación de avanzada en la materia—, sino la necesidad de aceitar los canales de comunicación entre el Poder Judicial, la policía y las dependencias municipales para evitar la revictimización de las personas en situación de violencia. El intercambio directo entre quienes dictan las medidas cautelares (los juzgados) y quienes acompañan a las víctimas en los barrios (los equipos de Género y Desarrollo Social) se planteó como el único camino posible para optimizar los recursos existentes.
El trasfondo del colectivo “Ni Una Menos”
La realización de esta jornada no se dio de forma aislada, sino que se enmarcó en las actividades y movilizaciones vinculadas a la consigna “Ni Una Menos”. A más de una década de la primera marcha masiva en el país, el peso de la fecha funcionó como un recordatorio del compromiso ético y político que las instituciones locales deben asumir frente a una problemática que no cesa.
El abordaje crítico de las violencias por razones de género exige que el Estado municipal no actúe únicamente como un ente reactivo ante la emergencia, sino como un dinamizador de la sensibilización y la prevención. En este sentido, la jornada en Alejandro Korn buscó consolidar un piso mínimo de formación técnica para que el abordaje de la vulnerabilidad deje de ser una acción voluntariosa de profesionales individuales y pase a convertirse en una política de Estado local, coordinada, previsible y duradera en el tiempo.
