En un contexto de ajuste nacional y paralización de la obra pública, el municipio de San Vicente reactivó con fondos propios la construcción de la Escuela Secundaria N°10 en Alejandro Korn, marcando un contraste con el retiro del Estado nacional y reafirmando a la educación como eje central de su gestión.
ALEJANDRO KORN | En medio de un escenario económico adverso y con una marcada retracción de los recursos nacionales hacia las provincias, el municipio de San Vicente decidió avanzar con una política contracorriente: sostener, con fondos propios y el acompañamiento del gobierno bonaerense, obras educativas que habían quedado paralizadas por decisión del Estado nacional.
La recorrida del intendente Nicolás Mantegazza por el predio donde se construye el edificio de la Escuela Secundaria N°10, en el barrio Los Naranjos de Alejandro Korn, no fue una visita más. Fue, en los hechos, una señal política concreta en medio de una coyuntura compleja: mostrar que, pese al retiro de financiamiento por parte del gobierno central, la obra pública —y en particular la educativa— no se detiene en el distrito.
“Continuamos poniendo en marcha la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria N°10 en el barrio Los Naranjos, en el marco del programa Escuelas a la Obra. Recorrimos la escuela para observar cómo se reactivó esta obra tan importante para la educación local, después de tantos meses de abandono del gobierno nacional”, expresó el jefe comunal, dejando en evidencia el punto de quiebre que significó la interrupción de los envíos de fondos.
La referencia no es menor. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la política de ajuste fiscal impulsada por la Casa Rosada implicó, entre otras medidas, la paralización de obras públicas en todo el país y la reducción o eliminación de transferencias a las provincias. En términos concretos, esto se tradujo en construcciones inconclusas, proyectos frenados y una presión creciente sobre los gobiernos locales, que debieron redefinir prioridades y, en muchos casos, absorber responsabilidades que antes eran compartidas.
San Vicente no fue la excepción. La obra de la Escuela N°10 había quedado detenida durante meses, en una postal que se repite en distintos puntos del país: estructuras a medio hacer, obradores vacíos y comunidades educativas a la espera. Sin embargo, a diferencia de otros distritos donde la falta de recursos derivó en la paralización definitiva, aquí se optó por reactivar los trabajos con financiamiento municipal y el respaldo de la Provincia de Buenos Aires.
La decisión no es sólo administrativa, sino política. Implica sostener la inversión en infraestructura educativa en un contexto donde el gobierno nacional promueve un Estado mínimo y recorta su participación en áreas clave. En esa tensión se inscribe la postura del municipio: priorizar la educación como eje de gestión, aun cuando eso signifique asumir costos adicionales.
Pero la reactivación de la obra no se limita al edificio escolar. Según detalló el propio Mantegazza, el municipio también avanza con un abordaje integral de servicios públicos en el barrio Los Naranjos, buscando mejorar las condiciones generales del entorno. La lógica es clara: no se trata únicamente de construir una escuela, sino de garantizar que funcione en un contexto urbano adecuado, con infraestructura básica y mantenimiento sostenido.
“En San Vicente la educación es prioridad”, sintetizó el intendente. La frase, en el actual escenario, adquiere un peso particular. No sólo define una línea de gestión, sino que también marca una diferencia con la orientación de la política nacional.
Mientras tanto, el trasfondo sigue siendo el mismo: la tensión entre un modelo de ajuste que reduce la inversión pública y las necesidades concretas de las comunidades. En ese cruce, municipios como San Vicente quedan en la primera línea, obligados a sostener con recursos propios lo que antes formaba parte de una política articulada entre Nación, Provincia y distritos.
La obra de la Escuela Secundaria N°10, entonces, deja de ser un hecho aislado. Se convierte en símbolo de una disputa más amplia: la del rol del Estado en la garantía de derechos básicos como la educación, en un contexto donde las decisiones económicas del gobierno central ya tienen impacto directo en el territorio.
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